Ya hace algunos años desde la primera vez que vimos recorriendo nuestras calles a los primeros VMP (Vehículos de Movilidad Personal) o más conocidos como patinetes eléctricos, segways, triciclos o hoverboards, entre otros. Sin embargo, hasta ahora, el paso del tiempo no ha traído demasiada claridad jurídica para estos nuevos actores de la movilidad urbana.

La pandemia y la apuesta en firme por la movilidad sostenible y las normativas ecológicas, entre las que destacan el Green Deal o el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Eficiencia Energética, parece que han servido de impulso definitivo para el tan esperado desarrollo legal de esta nueva realidad.

La reciente instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT) define los VMP como aquellos vehículos de una o más ruedas que están dotados de una única plaza, propulsados exclusivamente por motores eléctricos y que pueden alcanzar una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h.

Sin embargo, y aunque la mencionada instrucción de la DGT parece que comienza a arrojar más luz sobre la normativa de circulación para este tipo de vehículos, lo cierto es que tanto los ciudadanos como las empresas del sector se encuentran capeando el temporal entre las distintas aguas regulatorias de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

En un contexto marcado por los efectos de la pandemia, estos vehículos suponen un desahogo de los medios de transporte público, así como un alivio para las normalmente colapsadas vías urbanas y la polución de las ciudades.

No obstante, cada día que pasa sin una normativa clara y uniforme supone un duro golpe para estas startups de movilidad compartida.

Sin duda, y a pesar de la incertidumbre normativa, este tipo de vehículos han demostrado que han llegado para quedarse. Ahora está en nuestras manos brindarles el apoyo legal para lograr ese futuro verde que se abre camino para el Transporte.