Los desarrollos normativos de los últimos años, motivados por la crisis financiera desatada en el año 2008, han puesto el foco en aspectos como la responsabilidad social y el buen gobierno de las sociedades, extendiendo su alcance al ámbito fiscal. La intención de esta extensión ha sido la promoción de la transparencia tributaria, la delimitación de responsabilidad y fortalecimiento del papel de los Consejos de Administración en el seguimiento y control del riesgo tributario, o la facilitación de la relación entre los sujetos obligados y las autoridades.

En este sentido, y a través de la reforma de la Ley 31/2014, de modificación de la Ley de Sociedades de Capital, la normativa española introduce mejoras en el gobierno corporativo de las sociedades, atribuyendo una serie de facultades a los Consejos de Administración en relación a la gestión y control de los riesgos, entre los que se destaca el riesgo tributario.

En paralelo, la reforma del Código Penal de 2015 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas para una serie de tipos delictivos concretos, entre los que se encuentran los delitos contra la Hacienda Pública.

Esta reforma motivó la implementación de sistemas de gestión de Compliance como medida de mitigación de responsabilidad penal para las personas jurídicas. En materia de Compliance penal, el estándar lo define la norma UNE 19601, mientras que en el ámbito fiscal hace lo propio la recientemente publicada UNE 19602.

Publicada por la Asociación Española de Normalización (AENOR), define una serie de requisitos y recomendaciones con los cuales establecer un sistema de gestión de riesgos tributarios.

¿Por qué implementar un modelo de gestión de riesgos tributarios?

El establecimiento de un Tax CMS tiene como principal virtud la prevención y mitigación de la responsabilidad civil y penal de una sociedad, actuando como mecanismo preventivo de responsabilidades en que pueda incurrir la empresa y sus administradores ante la Administración Tributaria.

La potencial presunción de veracidad es especialmente relevante en el ámbito tributario, sujeto a constantes modificaciones legislativas, y en el que no es difícil incurrir en errores que puedan ser interpretados como voluntad defraudatoria.