El concurso de acreedores será una consecuencia-solución a la que se enfrentarán las empresas y autónomos para afrontar la crisis post-Covid-19. Es previsible que muchos empresarios y profesionales puedan encontrarse en la situación de no poder hacer frente al pago de sus deudas.

A través de la Ley Concursal, existen mecanismos tendentes a facilitar una eficaz reestructuración de la deuda de las empresas, con diversas figuras extrajudiciales o judiciales, como Acuerdos de Refinanciación, Acuerdo Extrajudicial de Pagos o Convenios,  que permiten a las empresas poder continuar con su actividad de una forma más holgada, generando con ello una reducción de la deuda a través de quitas y esperas y llegando a un acuerdo con los acreedores, de tal forma que no tiene que finalizar el proceso con la extinción de la empresa; o en determinados casos es recomendable iniciar un procedimiento concursal judicial que finalice con la liquidación de la sociedad.

Los mecanismos pre-concursales son todas las actuaciones destinadas a mejorar la situación financiera de la empresa para evitar caer en la insolvencia y, posteriormente, en el concurso de acreedores.

El concurso de acreedores no debe ser visto como un problema, sino que en la mayoría de los casos es una solución para asegurar la viabilidad de la empresa. Es un proceso flexible que permite en algunos casos el mantenimiento de la actividad empresarial, se suspenden los pagos de deudas nacidas con anterioridad a la declaración del concurso, se paralizan los devengos de intereses (salvo en aquellas deudas que tengan garantía hipotecaria), se paralizan embargos y ejecuciones, y se puede reducir la deuda a través de quitas y esperas.